Continúa la amenaza a los cargos por representación

Por: Manuel Rodríguez Banchs

El año pasado, en Friedrichs v. California Teachers Association, 578 U.S. __, 136 S. Ct. 1083 (2016), justo después del fallecimiento del juez Antonin Scalia, el Tribunal Supremo de EE.UU. se dividió 4-4 sobre la controversia de si pueden las uniones del sector público cobrar a los trabajadores que representa pero no son miembros de la Unión un cargo por la representación sindical y la negociación colectiva. Estos cargos ayudan a cubrir los costos de representar de manera justa la totalidad de la unidad contratante, incluyendo aquellos que deciden no pertenecer a la Unión.

Ahora, el Tribunal Supremo federal tendrá de nuevo la oportunidad de expresarse sobre este asunto, esta vez con una corte cuya composición vuelve a ser mayoritariamente conservadora. La fundación National Right to Work Legal Defense, una organización patronal dedicada a combatir la organización de los trabajadores, indicó que tienen la intención de presentar una petición de certiorari a finales del mes de mayo solicitando al Tribunal Supremo que revoque una decisión del Séptimo Circuito, Janus v. AFSCME, 16-3638 (7th Cir. March 21, 2017), mediante la cual se desestimó una demanda presentada por dos trabajadores gubernamentales del estado de Illinois que impugnaron los cargos de representación. Todo parece indicar que el más reciente nombramiento al Tribunal Supremo, Neil Gorsuch, quien demostró una fuerte inclinación anti-obrera y anti-unión durante su incumbencia como juez del Décimo Circuito, será un voto contra los cargos por representación si este asunto es considerado nuevamente por el Tribunal Supremo.

Grupos como el National Right to Work sostienen que los cargos de representación obligan a empleados a apoyar uniones que los representan aún cuando las posiciones políticas y organizativas de los gremios sean contrarias a las suyas. Sin embargo, las uniones del sector público sostienen que su obligación de justa representación y negociación colectiva se extiende a todos los miembros de las unidades contratantes. Por tanto, la inmensa mayoría de las cuotas y los cargos se utilizan para cubrir los costos relacionados a la negociación colectiva y a la representación sindical y no para asuntos políticos controversiales.

En el año 1977 el Tribunal Supremo de EE.UU. resolvió que este tipo de cargo era constitucional, pero a lo largo de la década pasada, en particular desde el nombramiento del juez Samuel Alito, las bases de esa decisión han sido socavadas lentamente. Si el Tribunal Supremo actúa sobre este asunto como se anticipa, las uniones del sector público deberán estar preparadas para el impacto adverso de la eliminación del cargo por representación y además, deben prepararse para la eliminación del descuento automático prometido por la administración del presidente Donald Trump, cuya pobre imitación fue presentada en Puerto Rico por sus acólitos. Las uniones que han tenido éxito en jurisdicciones con modelos de este tipo lo han logrado a través de procesos intensos de organización interna, mediante los cuales se amplía la participación democrática de sus miembros en asuntos que trascienden el taller de trabajo. Esta combinación de experiencias permite que las trabajadoras y los trabajadores cobren conciencia sobre el poder que les da la organización y los esfuerzos colectivos. Este tipo de iniciativa puede tener el efecto de fortalecer al movimiento sindical, independientemente de las determinaciones judiciales y legislativas.

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